Juez Garzón: de juzgado de guardia

Los artistas mienten para decir la verdad mientras los políticos mienten para ocultarla

V de vendetta

Siguiendo la estela del exitoso libro Indígnate del francés Stéphane Hessel, varios personajes presentan otro del juez Baltasar Garzón, basado en una idea similar. Según este artículo del diario Público donde colabora Ignacio Escolar, uno de los que han participado en la presentación, se pretende vender una idea de reacción social en la que, como no, el objetivo principal son los banqueros por ser el supuesto origen de todo el problema de la crisis actual, y que el catedrático de economía aplicada Juan Torres López, otro presentador, los califica de inmorales, irresponsables, insensibles e inhumanos.

Son ciertas la mayoría de cosas que dice, pero mientras que en la obra del autor francés mencionado, veterano de la 2ª Guerra Mundial, se arremete contra una excesiva dependencia, social, económica y política de un mercado internacional sin regulación, que opera en función de su propio interés pero en cuyo problema implica a todos los estratos sociales y sobre todo, a los políticos; Garzón y compañía se centran en otros aspectos mucho mas concretos: principalmente los bancos y la corrupción.

Según Garzón, «lo peor que se puede hacer en democracia es reírse de los ciudadanos», y lo dice alguien que debe saberlo ya que se ha codeado con los principales políticos de este país: ha sido juez de la Audiencia Nacional, y también ha tenido un cargo político como Secretario de Estado. El problema es que mientras tuvo estos cargos poco hizo por cambiar las cosas que ahora critica, es decir, es uno de los que ha participado del sistema y por lo tanto, es responsable indirecto de la situación actual. Al menos, para eso ha cobrado y cobra de nuestro dinero desde hace muchos años. Sin embargo, un sistema que permite que algunos políticos se rían de los ciudadanos, no merece el más mínimo de los reproches ya que según sus palabras «no se puede descalificar», y «no se puede decir que el Gobierno propicia la presencia de ETA en las elecciones». «No se puede», ¿que querrá decir con esto? Espero que no me sometan a jurisdicción militar como con los controladores aéreos si oso criticarles.

El juez tampoco entiende cómo es posible que se siga votando a políticos implicados en casos de corrupción «Es difícil de comprender que la gente les vote. ¿Cómo es posible que se vote a alguien que no está cumpliendo?», (—las negritas son del propio diario Público—). Parece evidente que se refiere a los implicados en el caso Gürtel en la Comunidad Valenciana, ya que en Andalucía la cosa no está tan clara y el partido hasta ahora en el poder desde la transición en esta comunidad autónoma tiene los días contados según las encuestas. Bien, algo de todo esto debe saber también, ya que él mismo está implicado en tres casos de presunta prevaricación y actualmente está suspendido en sus funciones. Pero resulta chocante que no conozca la explicación más clara a ese fenómeno en la Comunidad Valenciana: que la alternativa les parezca peor a los ciudadanos. Seguramente porque no es capaz de imaginarse que una mayoría de ciudadanos no quieran saber nada de su antiguo partido. Por supuesto, un sistema político que no ofrece alternativas a los ciudadanos, tampoco es mencionado como parte del problema.

Federico Mayor Zaragoza, que ya conocimos de lo que era capaz en este blog hace ya un tiempo, continua hablando de democracia e instando a los ciudadanos a que la consigamos. Según el «Nos quitaron la justicia social, la solidaridad... Y nos lo intercambiaron por los mercados. Ahora estamos de espectadores, pero podemos ser ciudadanos» (—las negritas, del diario Público—). Este señor, pagado por el gobierno para el proyecto de la Alianza de Civilizaciones (además de defender en los medios al polémico y presuntamente inconstitucional Estatut de Catalunya) se convierte en un ciudadano más y afirma que «nos han quitado la justicia social», tras apoyar a un gobierno que ha estado ocho años en el poder y ha mentido sobre la existencia de una crisis. No habla de ninguna otra justicia (¿será porque «no se puede»?), ni de la igualdad de oportunidades ni de los privilegios de los políticos que le contratan.

En definitiva, don Baltasar Garzón, el juez que habla de democracia y corrupción, aprovecha sus contactos en medios de comunicación que no esconden su orientación política para presentar rodeado de personajes sectarios un libro de temática similar, bastante demagógico y de carga patética, que muchos ciudadanos comprarán contribuyendo todavía más a aumentar una nómina pagada con su mismo dinero, gracias a ocupar puestos públicos destinados a corregir lo que el mismo critica en su libro, mientras escritores noveles de gran calidad permanecen a la sombra por no tener padrinos poderosos. De juzgado de guardia.

«entre todos»

Me entero que hay una serie de organizaciones que buscan soluciones a la crisis. Bueno, que en realidad pretenden que las busquen los demás. Estas son, y lamento hacerles promoción, estoloarreglamosentretodos y fundacionconfianza.

Si es como se cuenta y han salido en televisión, además de que se nota por el diseño de las páginas web y los participantes en los videos que cuentan con poderosos promocionadores y patrocinadores, sería toda una muestra de que detrás se encuentra el apoyo del poder político-mediático, y otra farsa más similar a la del Plan E, que lo único que puede conseguir es el gasto de más fondos públicos para que los responsables eviten tener que dar cuenta de ello.

Si de verdad hubiera que «arreglarlo entre todos», los primeros que tendrían que renunciar a la mitad o más de su sueldo, sus pensiones desorbitadas y sus privilegios exclusivos, serían los políticos que durante más de cinco años se han dedicado a aprobar el matrimonio gay, sin solucionar el problema de las parejas de hecho; a prohibir fumar, que ha ocasionado multitud de gastos a todo tipo de locales que ahora han tenido que cerrar; al carnet de conducir por puntos, sin solucionar el tema de los numerosos puntos negros; a menospreciar estudios universitarios fundamentales para un adecuado desarrollo tecnológico; a aprobar leyes abortistas, que puñetera falta nos hacen; a mejorar sus condiciones laborales, mientras pretenden empeorar las de los demás retrasando las edades de jubilación y el mínimo de años para cotizar. Independientemente de lo poco o mucho que todas estas medidas hayan aportado de solución a lo que pretendían, lo cierto que mucho menos han aportado a la de evitar la actual crisis. Por supuesto, los que estuvieron antes ni los menciono, pero son igualmente responsables. Ni unos ni otros ha hecho ni dejado hacer para evitarlo a pesar de lo evidente que parecía.

Para que fuera así, es decir, entre todos, tendría que haber igualdad y no clases políticas privilegiadas a costa del resto. Es decir, la clase política solo debería tener algún tipo de privilegio, en la medida que nos evitaran tener que pasar por esto. Y si no saben o esta clase política no existe, pues entonces que dejen de gobernarnos y abran la toma de decisiones a la participación ciudadana.

Es cierto que para salir de esto hay que inventar cosas nuevas y estimular la creatividad, la responsabilidad, el esfuerzo y el trabajo. Pero lo que no es justo es que los responsables de haber hecho antes esto, no se lo apliquen ellos y pretendan que como siempre, lo tengamos que arreglar y pagar los demás.

Y lo peor de todo es que esto evidencia lo que nos temíamos, la carencia de ideas y capacidad para aportar soluciones, de aquellos que precisamente cobran y han sido depositarios de la confianza de los que les pagan por ello.

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La paradoja judicial

En el ámbito de la lógica, es conocida la llamada Paradoja del mentiroso. Esta paradoja es del tipo de autorreferencia y ocurre cuando en el lenguaje natural (el utilizado normalmente, para entendernos) se forman frases que pese a estar perfectamente construidas, pierden sentido al referenciarse a si mismas, contradiciéndose de ser falsas, y negándose a si mismas en caso de ser ciertas, no pudiendo llegar a ninguna conclusión. Son frases mal construidas desde un punto de vista de la lógica al ser zonas a las que esta no llega con los escasos elementos utilizados (la propia frase), siendo necesario un punto de referencia externo para resolverlas.

 

Parece ser que los redactores y periodistas de EL PAIS no conocen nada de esto, y a pesar de tener supuestamente largas carreras completadas, obsequian a sus lectores con aberraciones lógicas como la siguiente:
 

Deténgase el lector un instante en este punto. ¿No son los miembros del Poder Judicial jueces también? ¿No son los jueces miembros del Poder judicial igualmente?

Antes de continuar intentando dar explicación a esto y pasando por alto la «objetividad» del ¿periódico? al denominar como «tretas» la estrategia de los jueces, haga otro pequeño alto de nuevo el amable lector, esta vez frente al concepto de «huelga». Acudiendo a las diversas fuentes (diccionario de la RAE, la Wikipedia, etc.), se puede comprobar a grandes rasgos como la huelga es una forma de protesta o reivindicación por parte de unos trabajadores o colectivo social, para ejercer una presión frente a una dirección de la organización a la cual prestan unos servicios, y sobre la que no tienen otros medios de control o gobierno.
 

De esta definición se desprende inmediatamente que hay una diferenciación entre trabajadores y mandos, y que los primeros no tienen ningún poder de decisión sobre los segundos, pero al contrario si. Únicamente a través de los sindicatos (teóricamente, la representación de los trabajadores) y en las negociaciones establecidas en el marco legal laboral externo a ambos (no pueden influir sobre el), en los convenios colectivos se toman acuerdos tomando en consideración a las partes implicadas. El resto del tiempo la única forma de control es la de la protesta a través de manifestaciones y huelgas. Exactamente las mismas y únicas herramientas que tenemos los ciudadanos para mostrar la disconformidad con la forma de llevar a cabo la labor gobernativa, salvo la negociación colectiva de cada cuatro años. No somos ciudadanos, somos trabajadores las 24 horas del día, y nuestros jefes, los que nos mandan, los políticos que prometieron servirnos y nos pidieron que confiáramos en ellos. Los muy caraduras y mentirosos.

 

Pero aunque parece que la solución a esta paradoja está cada vez más cerca, todavía falta volver a la pregunta que se quedaba en suspenso algunos párrafos antes, sobre los protagonistas de la historia: los jueces. Para resolverla hay que pasar entonces por diferenciar estos mismos jueces entre jefes y trabajadores. Unos que mandan y otros que obedecen. Independientemente de si se está de acuerdo o no con los motivos de la huelga, la cuestión es ¿por qué necesitan hacerla?

 

Todo poder independiente debe autogestionarse ¿tendría sentido que fueran a huelga los diputados del congreso, miembros del legislativo? Si existe algún problema, son estos diputados los que tendrían el poder para arreglarlo. Si no hacen huelga es o bien porque disponen de dicho poder para autogestionarse, o porque no les dejan hacerla.

 

De todo esto se puede llegar a la conclusión de que los poderes del estado no son independientes, como algunos sospechábamos, y que los medios de comunicación no tienen ninguna intención en explicarlo a sus lectores, a los que engaña y confunde retorciendo titulares con tal de deformar los sucesos para que «encajen» con la «voluntad oficial», cosa que también sospechábamos. Si han de hacer huelga es porque no tienen otro mecanismo de protesta y autogestión, ya que de lo contrario pondrían en práctica las medidas que creyeran convenientes, o elevarían las protestas mediante los mecanismos para ello.

 

Seguramente lo que al gobierno (poder ejecutivo) le gustaría, a tenor de lo incomodo que les resultan estas reivindicaciones «y libertades» que se toman los jueces, es que al igual que los diputados, estos formaran parte de los partidos o estuvieran supeditados a estos como lo están los jefes del Poder Judicial, al mando del colectivo en huelga. Parece evidente entonces que para llegar a un cargo en la rama jurídica, no hay que tener el favor de los propios jueces para ser elegido, sino el del poder ejecutivo-legislativo.

 

Por lo tanto, el colectivo de jueces solo tiene dos opciones para arreglar las cosas: hacerse amigo de algún jefe de partido o de un buen número de diputados…

o, hacer huelga.

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