Ningún político será más que yo

Si hay alguna forma de defender la verdad, o la igualdad, es precisamente evitando que estas dependan de un grupo cerrado de personas que toman las decisiones. Todavía más si el acceso a dicho grupo implica el sometimiento a su disciplina interna, limitando por lo tanto la igualdad de oportunidades al establecer de entrada un filtro ideológico y la sumisión a un partido. En la famosa novela de George Orwell, 1984, su autor presenta un escenario distópico con un «Ministerio de la Verdad» a través del cuál se pretende tener un control total sobre el conocimiento de los acontecimientos pasados.

Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado

George Orwell

Según se relata en la novela, la pretensión final es que «La Verdad» dependa del interés de una casta cerrada de gobernantes y por lo tanto, el resultado nada tenga que ver con aquella. Algo parecido ocurre con el igualmente archiconocido Ministerio de Igualdad (igual dá, para los amigos) del gobierno Español, cuya inclusión en el propio nombre del ministerio de aquello que se pretende controlar y asegurar, en función de las teorías particulares de unos tecnócratas o los asesores de vete tu a saber qué, parece que ha de tener un resultado que como muchos nos tememos, no tenga nada que ver con aquello que se aparenta defender.

Sin ir mas lejos, parece ser que la igualdad de los españoles de este ministerio consiste en señalar con el dedo a las personas de un determinado sexo, y establecer por ley y por sistema, que su presencia es obligada independientemente de su valía o de sus méritos, probablemente por que no sabrían como evaluarlos ni valorarlos. O lo que es lo mismo, que si fuera por los méritos, dichos gobernantes que toman estas decisiones no estarían donde están, haciendo lo que hacen ni ganando sus desorbitados sueldos, merecidos según el exclusivo criterio de dicha casta gobernante. Independientemente del sexo que sean, por supuesto, y al margen de lo que pensemos usted y yo, a pesar de cobrar gracias a nuestro sueldo.

Esto es lo que les pasa a los que están en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación con su reciente apoyo a la campaña Maltrato Zero contra el maltrato doméstico. O bueno, habría que decir más bien, del maltrato de las personas de sexo masculino hacia las de sexo femenino (lo que se conoce incorrectamente como «de género»). El resto de maltratos entre personas que ocurren a diario en dicho ámbito, no tienen cabida en esta campaña.

Seguramente alguien pensará que este sector, el femenino, es el más afectado por la violencia o maltrato entre personas, por su relación afectiva o sexual. Este es precisamente parte del problema, que solo los grupos mayoritarios y por lo tanto, de mayor valor electoralista, son los que preocupan a ese grupo de personas sometidas a la decisión de una cúpula política, que toman las decisiones. En todos los ámbitos, ya sea el social, laboral o político, si no perteneces a un grupo homogéneo que presente un interés electoralista, ya sea organizado o no, solo entonces podrás defender tu dignidad en el ámbito concreto relacionado con el grupo, llegando incluso a poder recibir un sin fin de subvenciones o ayudas, en claro agravio comparativo al resto de personas que tenemos la desgracia de pertenecer a ese otro grupo heterogéneo, diverso y disperso por definición, llamado sociedad civil o también clase media, que ha de ganarse el sueldo día a día con esfuerzo, dedicación y empeño; para que todo este proceso pueda seguir adelante y los demás puedan recibir subvenciones o merecer la atención de campañas mediáticas.

Ejemplos de estos casos de trato desigual, paradójicamente buscando lo contrario, son la «discriminación positiva» hacia la mujer, hacia algunos colectivos gays o hacia el colectivo de artistas y actores de cine, por poner los ejemplos más conocidos. El origen de este problema es con toda probabilidad la dependencia que los poderes del estado tienen de esa cúpula política formada por las cumbres de las jerarquías de los partidos. Poderes que en teoría, deberían representar la soberanía de esa sociedad civil, que en la práctica, es la más perjudicada con el agravio comparativo y el trato asimétrico.

Tal es así que el eslogan más conocido de la campaña mencionada, promueve un trato asimétrico entre el hombre y la mujer de forma que, tal y como reza dicho eslogan («ningún hombre podrá ser mas que una mujer», y «ninguna mujer menos que un hombre») el hombre si es susceptible de ser menos que la mujer. Todo menos buscar esa igualdad que valdría tanto para unos casos como para otros, y muchos más tan merecedores de esa atención. Puede que el motivo de esquivar este justo y equitativo trato, sea el temor de someterse los mismos que traman este tipo de estrategias, a esa igualdad de oportunidades que deberíamos tener todos los españoles a los cargos que ocupan, o al control de la eficacia en su desempeño, sin tener que pasar por el filtro de un partido.

La otra parte de esta trampa es la de la apelación al sentimiento, el populismo o la demagogia, por la que resulta complicada la critica a este tipo de campañas por el temor a ser tachado de machista, fascista o similares. Es decir, a la discriminación abierta o permitida de una parte de la sociedad civil a otra por expresar una opinión distinta o por tener un sexo distinto, poniendo al publico en general a favor de unas campañas que, por buena intención que en principio estas tengan, acaban constituyéndose en meras imposiciones ideológicas o partidistas. Otro ejemplo de esto fue el famoso «No a guerra» eficazmente promovido por el mencionado y subvencionado colectivo de artistas (actualmente desaparecido a pesar de que continúan prestándose apoyo a conflictos bélicos) por el que al expresar cierto acuerdo favorable al apoyo por parte de tropas españolas a la ocupación norteamericana y británica de Irak, aunque fuera dese un punto de vista geoestratégico, te convertía en una malvado asesino y en un amante de las guerras. De forma similar, el opinar que a una unión civil entre personas de distinto sexo no se le debe llamar matrimonio, te convierte en un repudiado homófobo, a pesar de que la diferencia entre dicha unión y un matrimonio legal pueda ser simplemente nominativa.

Por todos estos motivos y para que los políticos no manejen a su antojo el dinero de los que se supone que representan, para que sus sueldos, sus pensiones, sus dietas, superiores en comparación a los del resto de ciudadanos y que reciben para efectuar dignamente el noble desempeño de representarnos, puedan estar sujetos a control de su eficacia y buen hacer. Para que cualquier ciudadano tenga las mismas opciones de acceder a un cargo publico o de representante, sin depender del favor de los gobernantes. Para que las simples pero fundadas sospechas de corrupción sean suficientes para retirar o deponer a un político de su cargo, sin esperar a la decisión de sus compañeros o jefes de partido, o a una resolución judicial de un «juez amigo». Para que este, el Poder Judicial, esté al servicio de la sociedad civil y no de la casta gobernante.

Por todo esto, propongo la siguiente campaña:

El verdadero independentista

Suelen creer los afectados por el nacionalismo (o al menos es lo que suelen poner como escusa) que la independencia o desvinculación política de un territorio respecto al que hasta ese momento le englobaba y era el responsable de todos los males que le afectan (algo por otra parte, completamente lógico), la libertad y el progreso llegarán por fin a bendecir su «sagrada tierra».

Lo que se suele obviar en estas disertaciones, es que de la misma forma que la vinculación política con un territorio puede ser origen de los males que le afectan al estar incluido en el, también deberá serlo de las bondades de las que disfruta. Por lo tanto, siendo una consecuencia natural el que aquellos desaparezcan, nadie sabe o puede explicar, como van a suplir aquellos aspectos positivos que van a dejar de satisfacerse. Podría darse la circunstancia de que vinieran otros males que antes eran impensables.

O podría ser que el independentismo no fuera más que una escusa para evitar todos esos males de los que tanto se quejan pero que afectan a todo el territorio por igual, o incluso en mayor medida, en el territorio del que (al menos de boquilla) desean separarse. Es decir, el independentismo y esos males de los que no desean solución sino alejamiento, sería la excusa para la obtención ilimitada de privilegios a costa una vez más del territorio que era el origen de los males, pero que poco a poco se va descubriendo que más bien es el origen de dichos privilegios.

Por otro lado, se habla de privilegios para un territorio pero ¿que pasa con sus habitantes? ¿implica necesariamente la concesión de esos privilegios un beneficio a sus habitantes? Es fácil comprobar como no solo no hay ninguna seguridad de que esto sea así, sino que podría ocurrir todo lo contrario.

Si observamos a países enormemente privilegiados como Arabia Saudí, gracias a todo tipo de concesiones que las primeras potencias globales le hacen con el ánimo de acordar sustanciosos contratos internacionales de mercadeo petrolífero, se comprueba como a pesar de ello la población de aquel país vive en lamentables condiciones y sometido a una dictadura que impone castigos corporales.

Otro ejemplo claro es la antigua Yugoslavia. Tan cierto es que el régimen de dictadura que vivían era inaceptable, como que la escisión de aquel país ya desaparecido no condujo directamente a una mejora en las condiciones de vida de sus habitantes. Y si no que se lo digan a las victimas que el régimen de Radovan Karadžić en la nueva y «soberana» Bosnia-Herzegovina produjo, a causa de un genocidio de características étnico-culturales.

Por el contrario, otro país privilegiado no muy alejado de Yugoslavia como Suiza, rodeado de grandes potencias que le proporcionan seguridad y un mercado económico proveedor de capital para sus bancos, alberga la población con mayor libertad sobre el planeta con capacidad para participar en el gobierno de su país y una de las de mayor renta per cápita e índice de desarrollo humano. Igualmente, al lado de Arabia Saudí está Qatar, una monarquía absoluta que a diferencia de su vecino, su población disfruta de condiciones similares a las primeras potencias occidentales merced a las leyes liberales que poco a poco se adoptan, aún a pesar de mantener tradiciones esclavistas como las leyes de avales.

¿Que diferencia a unos ejemplos de otros? No es la independencia de un territorio respecto a otro. Ni siquiera del disfrute de privilegios gracias al su aporte pactado entre los gobernantes de los territorios vecinos, al margen de los ciudadanos. La respuesta es la independencia de sus habitantes. Es la defensa de sus derechos, la defensa de su igualdad ante la ley, el derecho a escoger su lengua o a la defensa de su participación en el gobierno de su país (no una sola y ridicula posibilidad cada cuatro años). En definitiva, la propia defensa de su dignidad como personas libres.

Este es el verdadero independentista, no el que promueve o aplaude referéndums de independencia que solo benefician a la casta política gobernante al estar en posición de negociar más y más privilegios, mientras que el resto de aspectos y problemas sociales, económicos y políticos quedan ocultos o sin decidir, destapándose ocasionalmente sobre el lodazal de corrupción que existe por el mismo motivo.

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¡Viva Honduras!

Tal vez recuerden los lectores aquella estrafalaria anécdota que protagonizó el inefable sr. Don Federico Trillo, en la que les hizo gritar a las tropas de EL Salvador un sonoro ¡viva Honduras!. Es más probable incluso que estén al tanto de la situación de crisis política que se está viviendo allí desde que el Jefe del Ejecutivo de aquel país decidió que la constitución le importaba un pimiento, y en vista de que se le acababa su mandato y no podía ser reelegido, puso a prueba el sistema a ver si podía cambiar por su cuenta esa situación. Como no podía ser de otra forma, la cámara de representantes que en este país centroamericano es elegida de forma directa por el pueblo, se opuso a esta violación de su principal texto legal y destituyó al que hasta ese momento era el jefe del Poder Ejecutivo: Manuel Zelaya.

Como se muestra de forma detallada en el blog Memento mori, esta destitución de Zelaya distaba bastante de ser anticonstitucional. Sin embargo, la comunidad internacional defendía lo contrario. Bueno, mejor dicho, los que defendían lo contrario eran los colegas de Zelaya, es decir, los jefes de estado de la comunidad internacional esa. Hablando claro, los que ocupan cargos similares a Zelaya como Obama o Zapatero, probablemente para que no cunda el ejemplo no vaya a ser que les toque a ellos ser los siguientes. Sin embargo, una parte de esa comunidad internacional que estaba tan de acuerdo en la ilegalidad de la destitución de Zelaya, ha resultado no estarlo tanto: un congresista de los EUA, Aaron Schock, se hace eco de un informe presentado por la Biblioteca del Congreso del mismo país donde afirma todo lo contrario.

Por si fuera poco, un diario de Honduras daba noticia de que la ONU disponía de un informe en donde se posicionaba de forma similar. Esta organización compuesta por políticos y diplomáticos designados por las jefaturas de los respectivos países (o sea, amigos de los jefes de estado), corrió despavorida al día siguiente a aclarar este asunto, con la escusa de que este era «uno de los muchos informes» que recibe esta organización internacional, pero que no era su postura final.

Parece bastante claro que las jefaturas de estado y los diplomáticos designados por ellos no van a aceptar nunca que su poder está a disposición de otros, que no son omnímodos, como seguramente les gustaría. Los Jefes de Estado de repúblicas presidencialistas como los EUA o los Jefes de Gobierno de sistemas partidocráticos como México, Italia o España, detentan un poder que es el que más se acerca al de las monarquías absolutistas. Paradójicamente, tienen más poder que los Reyes o Jefes de Estado actuales en los vestigios de estos sistemas de estado hereditarios. El mayor y más sagrado límite a esta acumulación de poder es precisamente el límite de mandato, que como queda claramente reflejado en la Constitución de Honduras ningún cargo publico puede ni tan siquiera promover su reelección. Cosa que Zelaya había infringido clara y descaradamente con el referéndum, fuera vinculante o no.

Pienso que dadas las circunstancias, los ciudadanos de Honduras se merecen todo nuestro ánimo para que sepan solucionar democráticamente este problema, que aprendan y que aprendamos todos de esta situación que pienso es un ejemplo del que hay que tomar nota, y a ver si la próxima vez no se exceden tanto como en esta ocasión y no se saca a punta de pistola a la gente de sus casas. Aunque se lo merezcan.

Por todo esto, propongo que (ahora si Sr. Trillo) dediquemos a sus ciudadanos un animoso ¡Viva Honduras!

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La paradoja judicial

En el ámbito de la lógica, es conocida la llamada Paradoja del mentiroso. Esta paradoja es del tipo de autorreferencia y ocurre cuando en el lenguaje natural (el utilizado normalmente, para entendernos) se forman frases que pese a estar perfectamente construidas, pierden sentido al referenciarse a si mismas, contradiciéndose de ser falsas, y negándose a si mismas en caso de ser ciertas, no pudiendo llegar a ninguna conclusión. Son frases mal construidas desde un punto de vista de la lógica al ser zonas a las que esta no llega con los escasos elementos utilizados (la propia frase), siendo necesario un punto de referencia externo para resolverlas.

 

Parece ser que los redactores y periodistas de EL PAIS no conocen nada de esto, y a pesar de tener supuestamente largas carreras completadas, obsequian a sus lectores con aberraciones lógicas como la siguiente:
 

Deténgase el lector un instante en este punto. ¿No son los miembros del Poder Judicial jueces también? ¿No son los jueces miembros del Poder judicial igualmente?

Antes de continuar intentando dar explicación a esto y pasando por alto la «objetividad» del ¿periódico? al denominar como «tretas» la estrategia de los jueces, haga otro pequeño alto de nuevo el amable lector, esta vez frente al concepto de «huelga». Acudiendo a las diversas fuentes (diccionario de la RAE, la Wikipedia, etc.), se puede comprobar a grandes rasgos como la huelga es una forma de protesta o reivindicación por parte de unos trabajadores o colectivo social, para ejercer una presión frente a una dirección de la organización a la cual prestan unos servicios, y sobre la que no tienen otros medios de control o gobierno.
 

De esta definición se desprende inmediatamente que hay una diferenciación entre trabajadores y mandos, y que los primeros no tienen ningún poder de decisión sobre los segundos, pero al contrario si. Únicamente a través de los sindicatos (teóricamente, la representación de los trabajadores) y en las negociaciones establecidas en el marco legal laboral externo a ambos (no pueden influir sobre el), en los convenios colectivos se toman acuerdos tomando en consideración a las partes implicadas. El resto del tiempo la única forma de control es la de la protesta a través de manifestaciones y huelgas. Exactamente las mismas y únicas herramientas que tenemos los ciudadanos para mostrar la disconformidad con la forma de llevar a cabo la labor gobernativa, salvo la negociación colectiva de cada cuatro años. No somos ciudadanos, somos trabajadores las 24 horas del día, y nuestros jefes, los que nos mandan, los políticos que prometieron servirnos y nos pidieron que confiáramos en ellos. Los muy caraduras y mentirosos.

 

Pero aunque parece que la solución a esta paradoja está cada vez más cerca, todavía falta volver a la pregunta que se quedaba en suspenso algunos párrafos antes, sobre los protagonistas de la historia: los jueces. Para resolverla hay que pasar entonces por diferenciar estos mismos jueces entre jefes y trabajadores. Unos que mandan y otros que obedecen. Independientemente de si se está de acuerdo o no con los motivos de la huelga, la cuestión es ¿por qué necesitan hacerla?

 

Todo poder independiente debe autogestionarse ¿tendría sentido que fueran a huelga los diputados del congreso, miembros del legislativo? Si existe algún problema, son estos diputados los que tendrían el poder para arreglarlo. Si no hacen huelga es o bien porque disponen de dicho poder para autogestionarse, o porque no les dejan hacerla.

 

De todo esto se puede llegar a la conclusión de que los poderes del estado no son independientes, como algunos sospechábamos, y que los medios de comunicación no tienen ninguna intención en explicarlo a sus lectores, a los que engaña y confunde retorciendo titulares con tal de deformar los sucesos para que «encajen» con la «voluntad oficial», cosa que también sospechábamos. Si han de hacer huelga es porque no tienen otro mecanismo de protesta y autogestión, ya que de lo contrario pondrían en práctica las medidas que creyeran convenientes, o elevarían las protestas mediante los mecanismos para ello.

 

Seguramente lo que al gobierno (poder ejecutivo) le gustaría, a tenor de lo incomodo que les resultan estas reivindicaciones «y libertades» que se toman los jueces, es que al igual que los diputados, estos formaran parte de los partidos o estuvieran supeditados a estos como lo están los jefes del Poder Judicial, al mando del colectivo en huelga. Parece evidente entonces que para llegar a un cargo en la rama jurídica, no hay que tener el favor de los propios jueces para ser elegido, sino el del poder ejecutivo-legislativo.

 

Por lo tanto, el colectivo de jueces solo tiene dos opciones para arreglar las cosas: hacerse amigo de algún jefe de partido o de un buen número de diputados…

o, hacer huelga.

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